
Brasil: Simpatizantes de Lula exigen su libertad tras una decisión del Supremo que podría respaldarla
Simpatizantes del Partido de los Trabajadores y del expresidente brasileño Lula da Silva se concentraron el jueves frente al Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia para exigir su libertad, tras la decisión tomada por el órgano judicial declarando inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia.
Los manifestantes ondearon banderas rojas y mostraron pancartas con la cara del exmandatario brasileño, que se encuentra actualmente en prisión acusado de corrupción en el caso Lava Jato.
Vinicius Borba, uno de los manifestantes, dijo que “estamos luchando para que Lula tenga el derecho de responder a esta sentencia en libertad”.
En 2016 la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones, una decisión que fue recurrida argumentando que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya recursos en tribunales superiores.
La medida afecta a otras 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato.

Simpatizantes del Partido de los Trabajadores y del expresidente brasileño Lula da Silva se concentraron el jueves frente al Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia para exigir su libertad, tras la decisión tomada por el órgano judicial declarando inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia.
Los manifestantes ondearon banderas rojas y mostraron pancartas con la cara del exmandatario brasileño, que se encuentra actualmente en prisión acusado de corrupción en el caso Lava Jato.
Vinicius Borba, uno de los manifestantes, dijo que “estamos luchando para que Lula tenga el derecho de responder a esta sentencia en libertad”.
En 2016 la Corte autorizó la ejecución de la pena antes de que se agotaran todas las apelaciones, una decisión que fue recurrida argumentando que la presunción de inocencia impide la ejecución de una sentencia mientras todavía haya recursos en tribunales superiores.
La medida afecta a otras 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en el caso anticorrupción Lava Jato.